El ‘decretazo’ aprobado este viernes con medidas encaminadas a reformar el sistema de la Seguridad Social ha sido menor de lo esperado. Y es que el Gobierno finalmente no se ha atrevido a incluir en ese Real Decreto la nueva fórmula de revalorización de las pensiones que tenía preparada y que suponía una vuelta indefinida a vincularlas de nuevo con los precios, al referenciarlas con la media del IPC interanual de los últimos doce meses.
Todo lo que hace es recoger «la voluntad del Gobierno» de que en los primeros seis meses del próximo año, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo, se diseñará un mecanismo de revalorización que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social. En definitiva, el Ejecutivo ha optado por no hacer lo que había criticado duramente cuando estaba en la oposición: reformar las pensiones de manera unilateral, quizá también acuciado porque los números no cuadran, ya que esto elevaría el gasto en los próximos años de manera considerable: hasta los 59.500 millones extra en 2050, según estimaciones del Banco de España.
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